jueves, 18 de abril de 2013

Abogados de Ibagué estarían cobrando por trámites de ley de víctimas



Pese a que la ley de víctimas es clara en señalar que todos los procedimientos judiciales y legales que se adelanten en el marco de esta, son gratuitos, algunos abogados han llegado hasta municipios del Tolima a ofrecer su servicio a campesinos con la disculpa de adelantar los trámites.
“Lo que nosotros estamos censurando es el abuso amparado en la ignorancia de la víctima”. 

Estas fueron las palabras puntuales de Nubia Russi, secretaria de la Mesa de víctimas en el Tolima, denunciando el abuso de poder con el que algunos abogados han llegado a municipios del Departamento.


En diálogo con EL NUEVO DÍA, Russi comentó que algunos profesionales ofrecen sus servicios a campesinos y lugareños, víctimas del conflicto armado, con el pretexto de adelantar los trámites en el marco de la ley que los ampara como víctimas. 

Esto pese a que el Gobierno fue claro en afirmar que para beneficiarse con esta ley no se necesita hacer ningún pago. 

“Estos procedimientos son gratuitos y no se necesita de abogado, tramitador o intermediario”. 

La denuncia

Hasta municipios como Prado, Venadillo, Dolores y otras localidades, los abogados llegan “haciendo falsas promesas a los campesinos diciendo que ellos pueden tramitar los procedimientos de la ley de víctimas”, dijo Russi.

En el documento que los abogados hacen firmar a la víctima, se tipifica el valor de sus honorarios de acuerdo con el monto por el que se resuelva la tutela.

“¿Cómo define el abogado qué dinero le van a dar a la víctima sino hay un control alguno de ello”, cuestionó la integrante de la Mesa.

Es decir, en palabras de Russi, “si usted es víctima y solicita una prórroga, entonces el Estado inmediatamente estudia su grado de vulnerabilidad basado en la Red Unidos (…) esa prórroga puede ser dada voluntariamente o a través de una acción de tutela que es lo que los abogados dicen que van a tramitar”.

Contó la representante de la Mesa de las víctimas en el Tolima que un señor en Dolores había pagado 500 mil pesos a un abogado, quien le dijo que en 15 días le sacaba la resolución para el pago del dinero de indemnización o de la tutela, cuando eso no se puede hacer.

“Y aunque ganen la tutela, eso no garantiza que el pago se vaya a efectuar de una vez. El pago va de acuerdo con el grado de prioridades de las tutelas. 

“No hay manera alguna de que los abogados puedan obligar a que Acción Social le pague a las víctimas una indemnización rápidamente”, señaló Russi.

Y agregó que “primero, las víctimas no necesitan abogado; segundo eso es acceso gratuito en todo el país; tercero, si la víctima necesitara un abogado sería para el caso de Justicia y Paz”.

¿Los líderes ayudando a abogados?

Russi denunció que muchos de estos abogados han llegado a los pueblos gracias a las intermediaciones de algunos líderes comunales, quienes son los que convocan a las reuniones donde se les informa a los campesinos los supuestos servicios de cada abogado. 

Concluyó Russi que, “los alcaldes deben darse cuenta a qué y por qué llegan estos abogados a hablar con las víctimas en los pueblos si se conoce de antemano que ningún trámite de la ley de víctimas requiere intermediarios”. 

¿Qué es la Ley de Víctimas?

Es una herramienta legal que reconoce los daños que han sufrido miles de personas y comunidades por causa del conflicto armado interno colombiano, y que por ser víctimas de la violencia tienen derecho a saber la verdad de lo que les sucedió, a que se haga justicia y a obtener una justa reparación. 

En efecto, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar estos derechos a través de mecanismos de ayuda, asistencia y especialmente de reparación.

La reparación no es sólo dinero. La ley busca: la restitución de tierras, la indemnización sin necesidad de que se sometan a largos procesos ante los jueces, tratamientos de rehabilitación para quienes hayan sufrido daños físicos o psicológicos, a que se los reconozca como víctimas, que se honre la memoria de sus seres queridos y a que se garantice que no se vuelvan a repetir los hechos de violencia.

¿A qué medidas tiene derecho si accede al registro único de víctimas?

Las personas que sean incluidas en el Registro Único de Víctimas tendrán derecho a recibir medidas especiales y preferentes de asistencia en salud y educación, así como un subsidio para cubrir los gastos funerarios de las personas que mueran como consecuencia del conflicto.

De otra parte, las víctimas incluidas en el Registro también tendrán derecho, dependiendo del daño sufrido, a algunas o a todas las cinco medidas de reparación contempladas en la ley, las cuales se concretan en lo siguiente:

1. Restitución de tierras

Se crea un proceso judicial rápido y sencillo, con la intervención de una Unidad Administrativa, para que el proceso sea organizado y focalizado, para restituir la tierra a los despojados.

2. Indemnización administrativa

La iniciativa incorpora la creación de un programa masivo de indemnizaciones administrativas en virtud del cual se entregará una compensación económica.

3. Rehabilitación

Se trata de la creación de un Programa de Atención Psicosocial para atender las secuelas psicológicas que el conflicto ha dejado en las víctimas. Además, se prevé la rehabilitación física. La atención psicosocial deber ser entendida como los procedimientos de acompañamiento que promueven la recuperación de la salud mental de los individuos y la reconstrucción de las bases fundamentales de sus relaciones sociales.

4. Satisfacción

Son medidas que propenden a la búsqueda de la verdad, la recopilación y publicación de la memoria histórica, y la implementación de medidas de reparación inmaterial, como exención de prestar el servicio militar, creación del Día Nacional de las Víctimas, entre otras. De forma particular, es importante resaltar que se creará un Centro de Memoria Histórica, encargado de las actividades de reconstrucción de la memoria sobre el conflicto y mantenimiento de un archivo de derechos humanos.

5. Garantías de no repetición

Se establece una serie de medidas para evitar que las violaciones de los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Entre estas se encuentran: la implementación de programas de educación en derechos humanos, la derogatoria de las leyes o normas que permitan o faciliten la violación de derechos humanos, programas de reconciliación social e individual y la participación del sector privado en generación de proyectos productivos.

Para beneficiarse con esta nueva ley de víctimas y de restitución de tierras no se necesita hacer ningún pago. 

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